Derechos Humanos de frontera.

Esta semana los Derechos Humanos han estado en el centro de la actualidad y la hipocresía de buena parte de la diplomacia política ha quedado evidenciada.

Itziar Canales

11/11/20224 min read

Masacre en Melilla

       Aún no se sabe a cambio de qué Pedro Sánchez decidió retomar las relaciones con Marruecos utilizando al pueblo saharaui como moneda de cambio, pero uno de los puntos de cooperación de los que se hace gala es el del control migratorio.

    Tras la masacre que se vivió en la frontera entre Nador (Marruecos) y Melilla (España), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alabó a una gendarmería marroquí que se había “empleado a fondo” para conseguir que el intento de las personas migrantes de cruzar la valla quedase “bien resuelto”, pretendiendo, además, poner el foco de la victimización en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes "fueron heridos como consecuencia del asalto violento y organizado por las mafias que trafican con seres humanos".

    También se insiste en afirmar que “los rechazos en frontera” se realizaron “dentro de la más estricta legalidad”, pese a que el Defensor del Pueblo, en su informe preliminar sobre lo sucedido, asegure que 470 personas fueron rechazadas en frontera “sin contemplarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales" que han de atender en estos casos.

  Aún queda mucho por dilucidar en cuanto a esta masacre fronteriza, y todos los partidos, incluso el socio de Gobierno, exigen explicaciones tanto a Sánchez como a Grande-Marlaska ante las novedades que se están conociendo en los últimos días. 

    En contra de esta línea discursiva, las continuas denuncias de varios diputados y múltiples organizaciones defensoras de Derechos Humanos (españolas, marroquíes e internacionales) consiguieron que, tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo (que siguen esperando disponer de las imágenes completas) iniciaran sendas investigaciones para dilucidar qué ocurrió esa mañana, quién intervino, de qué manera y dónde de actuó. Y es que, aunque las imágenes son claras, la parte socialista del Gobierno insiste en negar que las muertes hayan tenido lugar en suelo español. Incluso ante preguntas directas que citaban videos donde se veía a miembros marroquíes y españoles en el mismo espacio, algo que también ha vuelto a poner en el foco el documental de la BBC, desde el Ministerio del Interior lo siguen negando pese a que, en la reciente visita de varios diputados de la Comisión de Interior a la valla de Melilla, miembros de la Comandancia de Melilla mostraran, concretamente, el candado que tuvieron que abrir para permitir que la policía marroquí entrase a llevarse a más de 400 personas porque se vieron sobrepasados.

Nota editorial

     Como se señaló en el encuentro con varias personas defensoras de los derechos humanos, se tiene la costumbre de poner el foco en la víctima, mostrando imágenes de cuerpos heridos, mutilados o muertos; pero no se señala con tanto ahínco a las personas o instituciones responsables de las violaciones de los derechos en las fronteras de Europa. Por eso, es muy importante exigir y hacerse eco de las investigaciones que se centran en saber qué es lo que ocurrió, de manera que se depuren responsabilidades y la sociedad civil sepa cuáles son las políticas fronterizas que los Gobiernos democráticos que se definen como Estados de Derecho (casi siempre, potencias coloniales) llevan a cabo gracias a los encargos terceros países que hacen el trabajo sucio para no verse salpicados de acusaciones y denuncias.

#UPR41MOROCCO

      El 8 de noviembre se celebró la sesión del Examen Periódico Universal (UPR por sus siglas en inglés) que evaluaba el respeto a los Derechos Humanos por parte de Marruecos. El resultado de los informes que se presentaron no dejaba en buen lugar al nuevo aliado del Gobierno de España, de quien depende la vigilancia de las fronteras y a cuya soberanía pretenden que se someta la población saharaui.

      No ha habido sorpresas, desde la última vez que Marruecos fue evaluado, no ha habido mejoras sustanciales ni se ha conseguido que ratificaran los Protocolos y Pactos que abogan por la abolición de la pena de muerte, los derechos de la infancia o los sociales, económicos y culturales. De hecho, recuerda David Bollero, la relatora especial de la ONU sobre defensores de DDHH, Mary Lawlor, señalaba que “desde el último examen del UPR, el mandato de defensores de DDHH había advertido a Marruecos hasta en 18 ocasiones por sus constantes violaciones”.

     En lo que concierne al Sahara Occidental, se denunció la falta de cooperación por parte de Marruecos con el Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) a quien ha negado el acceso al territorio para vigilar estos derechos. Es importante recordar que la MINURSO es la única Misión de las Naciones Unidas que no hace esta función de vigilancia estando sobre el terreno. Además, se señalan las restricciones a la libertad de opinión, expresión y reunión; haciendo énfasis en el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas marroquíes.

      Pese a todo, Marruecos sigue recibiendo recomendaciones por parte de las instituciones que muestran su preocupación, pero que, a su vez, guardan silencio ante la posibilidad de imponer sanciones o llevar a cabo actuaciones que puedan propiciar verdaderos cambios en el país.

Comité contra la Tortura

     Doce años después del desmantelamiento de Gdeim Izik, seis de los detenidos, junto a un grupo de abogados y diversas ONG, denuncian a Marruecos frente al Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU por los malos tratos que han sufrido desde su detención en 2010. Como recoge Danilo Albin para Público, estos grupos destacan que estas personas fueron detenidas “en condiciones inhumanas y degradantes” y que el Tribunal de Apelación de Rabat les condenó, definitivamente, “ en 2017, sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura, a penas que oscilaban entre 20 años de prisión y cadena perpetua”.

     Human Rights Watch recuerda que, hace un año, “el Comité de la ONU contra la Tortura criticó las investigaciones sobre tortura del tribunal de apelación, tanto por su tardanza como por su incumplimiento del Protocolo de Estambul”. Algo similar ocurrió en 2022 ante la denuncia de otro preso, cuando se consideró que “el tribunal de apelación no tuvo debidamente en cuenta las alegaciones de tortura al condenarlo sobre la base de sus confesiones (…) [con lo que] violó manifiestamente sus obligaciones en virtud del artículo 15 de la Convención”, que prohíbe admitir pruebas obtenidas mediante tortura en cualquier procedimiento, excepto como prueba contra alguien acusado de tortura.